En el Perú, miles de jubilados enfrentan una realidad marcada por la precariedad económica y la incertidumbre. Las pensiones actuales, en muchos casos, no alcanzan para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. Esta situación ha encendido el debate sobre la urgencia de una reforma estructural que garantice ingresos dignos para quienes han contribuido durante décadas al desarrollo del país. Diversos colectivos de adultos mayores y expertos en seguridad social han alzado su voz, exigiendo que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a esta población vulnerable.
El camino hacia una mejora sustancial en las pensiones se ha visto obstaculizado por las recientes declaraciones del Ejecutivo, que advierte sobre un desgaste presupuestal si se aprueban medidas que impliquen un aumento significativo en los montos pensionarios. El Ministerio de Economía y Finanzas ha expresado su preocupación por el impacto fiscal de estas propuestas, especialmente en un contexto de desaceleración económica y alta demanda de recursos en otros sectores. Esta postura ha generado tensiones con el Congreso y con organizaciones civiles.
Para avanzar hacia un consenso, se requiere una mesa técnica multisectorial que incluya representantes del Ejecutivo, Legislativo, gremios de jubilados, economistas y organismos internacionales. Esta instancia debería evaluar alternativas sostenibles, como la reestructuración del sistema previsional, la revisión de beneficios tributarios que podrían financiar el aumento de pensiones, y la implementación de mecanismos de fiscalización que garanticen el uso eficiente de los recursos públicos. Todo debe ir en beneficio de la población.
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