Especialistas dieron datos estadísticos y cálculos estimados, sobre costos de corrupción en Perú y comentan que es una ingente cantidad de dinero ilícitamente utilizado que, muy bien sería destinado para obras imprescindibles: construcción de hospitales, implementación de postas médicas, colegios, comisarías, capacitación a policías y otros.
Vivimos una prolongada época endémica de corrupción; solo varía, de acuerdo a la forma de presentarse y se acentúa en períodos históricos determinados. De esta aseveración, se colige que, la corrupción en el Perú, solo varía en matices, pero sigue inalterable en su esencia; aunque los gobernantes pregonen, en todo momento, que no tienen rabo de paja y que son tan inmaculados e inmaculadas como los santos.
Los porcentajes por concepto de gastos gubernamentales superfluos e innecesarios, crecen día a día, por ello, resulta muy valiosa la evaluación permanente sobre las consecuencias de la corrupción. Hoy, podemos ver que esta lacra potenció a grupos políticos y familias que, con el disfraz de abnegados servidores del Estado, acumulan riqueza y vuelven a la carga, para seguir enriqueciéndose en cada oportunidad; ahora mejor, cuando sus ojos están fijos en el senado.
La ciudadanía, en las elecciones, tiene la responsabilidad histórica de no permitir que la corrupción se generalice y quede aceptada como algo intrínseco al sistema institucional; La corrupción es propia de gobiernos autoritarios, que dicen ser democráticos, se revientan cohetes, pero, simultáneamente, distribuyen dardos a quienes no los adulan. No admiten la crítica, menos la fiscalización del periodismo. Los periodistas son amedrentados. Si la libertad de prensa que, debe ser irrestricta en todo régimen democrático, se perturba, entonces, la sociedad viviría en una abominable dictadura.
Los despilfarros y los escándalos, forman parte del quehacer gubernativo. La inseguridad ciudadana, no puede ser controlada, pese a los aumentos de sueldos a policías y militares. El exministro del interior, hoy, en la cartera de justicia, enfrenta otros presuntos hechos de corrupción, pero sigue fuerte en el gobierno. Tan poderoso que opera como fuerza de choque, para que se tomen decisiones de toda naturaleza y, en algunos casos, sin mayor análisis, como, la pretensión de retiro de nuestro país del pacto de San José de Costa Rica y, por ende, de la Corte Interamericana de Derechos humanos.
Se anuncia habilitar el Frontón, pero, no se fijan en los costos que ello demanda; primero deberían designar a personas honestas en el INPE porque, también, el jefe de esta entidad, es denunciado por estafa y sancionado por el Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, en el ámbito legal, el Poder Judicial declaró infundada toda sanción en contra del jefe del INPE. Estas son algunas imágenes de la tomografía gubernativa nacional, que muestra el costo social de la corrupción
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