La reciente anulación del acuerdo del concejo provincial de Arequipa por el JNE, que rechazaba la solicitud de vacancia contra el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez, revela una preocupante falta de transparencia y diligencia en la gestión municipal. La acusación de uso indebido de recursos públicos para el cuidado de su mascota, aunque pueda parecer menor, plantea serias dudas sobre la ética y la responsabilidad del alcalde en el manejo de los fondos.
La próxima sesión extraordinaria del concejo municipal de Arequipa, convocada para este jueves 10 de abril, no es una sesión más. Es el resultado directo de una actuación deficiente, por decir lo menos, de nuestros regidores, que ha merecido la intervención y anulación de su decisión previa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La crítica más severa debe dirigirse, sin duda, a los miembros del concejo. El JNE fue claro al señalar una “conducta omisiva reiterativa” al no recabar información crucial solicitada para esclarecer la solicitud de vacancia contra el alcalde Víctor Hugo Rivera, específicamente sobre el presunto uso de fondos públicos para el cuidado de su mascota. Esta omisión no solo vició el procedimiento anterior, sino que ahora pone a los propios regidores bajo la lupa de la Fiscalía por un posible incumplimiento de funciones.
Es inaceptable que el órgano fiscalizador del municipio falle precisamente en su labor de investigar y buscar la verdad material. ¿Actuaron por negligencia, desconocimiento o, peor aún, por cálculo político para blindar al alcalde? Sea cual sea la razón, han fallado a la ciudadanía que espera transparencia y diligencia.
Si bien el alcalde Rivera es el sujeto del pedido de vacancia por una acusación seria que debe ser esclarecida, la responsabilidad de este entrampamiento procesal recae directamente en los regidores que no cumplieron con su deber.
Este jueves, los regidores tienen la obligación ineludible de actuar con la máxima responsabilidad, asegurándose de contar con toda la documentación ordenada por el JNE.
Deben emitir un voto informado, fundamentado en hechos y en la ley, no en lealtades o temores. Arequipa merece autoridades que respeten los procedimientos, los fondos públicos y, sobre todo, la confianza depositada en ellos. Esperamos que esta vez, la decisión refleje un compromiso real con la legalidad y la transparencia que tanto necesitamos.
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