La reciente sentencia por terrorismo contra el congresista Guillermo Bermejo ha reavivado el debate sobre la figura del “escaño vacío” en el Congreso peruano. En este contexto, Zaira Arias, accesitaria directa de Bermejo, ha iniciado una campaña pública para asumir el cargo parlamentario, apelando a su derecho como siguiente en la lista. Sin embargo, el Legislativo aún no ha emitido ninguna notificación oficial que le permita asumir, amparándose en la posibilidad legal de declarar el escaño como vacante, sin reemplazo, dada la gravedad del delito por el que fue condenado el titular.
Arias, conocida por su activismo en redes sociales y su cercanía con sectores de izquierda radical, ha intensificado su presencia mediática en las últimas semanas, exigiendo que se respete su derecho a ocupar el escaño. No obstante, su insistencia ha generado suspicacias en el ámbito político y ciudadano.
El Congreso, por su parte, enfrenta una disyuntiva institucional. Si bien la ley permite declarar el escaño vacío en casos de delitos graves como el terrorismo, también existe el precedente de accesitarios que han asumido en situaciones similares. La decisión que se tome sentará un precedente importante sobre cómo se interpreta la representación democrática frente a condenas por delitos que atentan contra el Estado.
Más allá de los tecnicismos legales, lo que está en juego es la credibilidad del sistema político y la percepción ciudadana sobre sus representantes. Si el impulso de Arias por llegar al Congreso responde a un compromiso con la agenda legislativa y las necesidades del país, debería demostrarlo con propuestas claras y una trayectoria coherente. De lo contrario, su campaña podría ser vista como un intento más de aprovecharse de un sistema que, en lugar de premiar la meritocracia, sigue atrapado en la lógica de cuotas, listas cerradas y beneficios personales.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
