En España suceden ciertos despropósitos con una normalidad que impresiona. Se exigen límites legales a la oferta de pisos turísticos y controles de precios a las viviendas; hay un Ministerio de la Igualdad que hace las veces de Justicia; existe un Gobierno cuyos voceros no se ponen de acuerdo sobre la mentira oficial respecto del avión venezolano que aterrizó, hace algunos años, en Barajas con Delcy Rodríguez adentro, estando vetada por la Unión Europea. En fin, hoy, ciertas obscenidades políticas españolas contrastarían claramente con el estilismo elegante de un Azorín.
Quizá el suceso más lastimero ha sido aquel cuando el Congreso aprobó la Ley de Amnistía para todos los implicados en el proceso independentista catalán. La amnistía no solo como perdón, sino también como olvido y ofrecimiento de disculpas. ¿A quién? A los que traicionaron al país, buscando su escisión, el desborde y según la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, a los que cometieron cainismo. Muy apropiada acepción.
Se ha perdonado como si no hubiera pasado nada. Se usurparon funciones públicas, se malversaron fondos, se incitó a la desobediencia y se promovieron disturbios. Graves disturbios. De ello, como quien limpia las cenizas luego de un feroz incendio, se ha buscado borrar de la memoria el recuerdo de un acto homicida contra la democracia, aunque, principalmente, contra la igualdad, la confianza en un Estado de derecho y la justicia. Pero del incendio quedan sus autores. Es decir, la suficiente evidencia de la atrocidad cometida contra los ciudadanos. Y a ellos, por fortuna, no les alcanzará el olvido ni el perdón.
Se ha permitido con esta bárbara ley que los delincuentes no solo sean exculpados, pudiendo ser liberados, eximidos de sus procesos y habilitados para la función pública, sino que vayan por más: «próxima parada: referéndum», dijo en el Congreso, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno de los movimientos separatistas. La síntesis adelantada de la reincidencia.
Todo por un intercambio de favores electorales. Pedro Sánchez vendió la unidad del país y la igualdad ante la ley por una presidencia oprobiosa que le ha granjeado aliados temporales. Y aunque la constitucionalidad de la amnistía es cuestionada y las objeciones legales, las consultas supranacionales y la revisión de cada caso compliquen su ejecución, se dio una estocada peligrosa contra la seguridad jurídica de España.
«En ningún país del mundo ocurre que políticos borran los delitos de otros políticos para permanecer en el poder y poner al Estado de rodillas», dijo Cayetana Álvarez de Toledo, días después de ocurrida la votación en el Congreso. «La Ley de Amnistía», sentenció la diputada, «liquida el principio de igualdad entre los españoles y nada tiene que ver con la concordia y el reencuentro, sino con el ego y el poder de Pedro Sánchez». Y tiene razón.
Al contrario de lo que piensa la diputada del Partido Popular (PP), aún hay países democráticos que allanan el camino electoral a los que desafían al Estado y, luego de su condena, se les premia con la posibilidad de inscribir su candidatura a un puesto del mismo Estado que violentó. Antauro Humala, acusado de homicidio, secuestro, sustracción de armas y rebelión, podría ser el próximo presidente del Perú, si la ley se lo permite. El olvido es nuestro cáncer.
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