Los homicidios en el país alcanzaron un alarmante récord de 178 casos en enero de 2025, según el Observatorio del Crimen y la Violencia. La cifra confirma una tendencia en ascenso, impulsada por el crimen organizado y la falta de respuesta efectiva del Estado. Además, el estudio advierte que marzo podría superar nuevamente los registros previos, consolidando una crisis de seguridad sin precedentes.
La extorsión es otro delito que agrava la situación. En los últimos tres años, se acumularon más de 50 000 denuncias por este delito, pero las detenciones son mínimas: solo 1233 personas están encarceladas por extorsión, un número casi idéntico al de hace nueve años. Además, se resalta que dos de cada 10 peruanos afirman que ellos o sus conocidos reciben amenazas o extorsiones. Esta impunidad permite que mafias sigan operando sin mayores consecuencias, afectando a miles de ciudadanos.
El impacto económico de la criminalidad es profundo. El 23 % de los peruanos afirma sufrir pérdidas económicas debido a delitos como la extorsión y el cobro de cupos. En los sectores más vulnerables, la afectación es aún mayor, con porcentajes que superan el 25 % en los niveles socioeconómicos C, D y E. La falta de acción estatal deja a estas comunidades sin alternativas para defenderse.
Carlos Basombrío, quien fue exministro del Interior y coautor del reporte, advierte que la violencia se expande sin control. “No solo aumenta el crimen, sino que lo hace con niveles de violencia inéditos y una débil capacidad de respuesta del Estado”, señala. En este escenario, la información precisa y decisiones firmes se vuelven esenciales para evitar que el país caiga en una espiral aún más peligrosa.
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