La reciente aprobación de la Directiva 004-2025 por el despacho presidencial genera una ola de críticas desde diversos sectores del derecho y la política. Esta disposición permite la recepción de regalos, cortesías y beneficios sin límite de valor por parte de la presidenta Dina Boluarte, algo que, según varios expertos, contraviene normas de mayor jerarquía legal y principios éticos fundamentales en la función pública.
Entre los argumentos más contundentes expuestos por juristas se encuentra la aparente contradicción con lo estipulado en la Ley 27815 (Código de Ética de la Función Pública) y la Ley 28024 (Ley de Gestión de Intereses), que prohíben expresamente la aceptación de obsequios, donaciones o beneficios por parte de funcionarios públicos, así como de sus allegados. Estas disposiciones buscan prevenir conflictos de interés, actos de corrupción o percepciones de favoritismo.
Más allá de los tecnicismos legales, este caso evidencia la importancia del principio de jerarquía normativa: ninguna directiva interna puede prevalecer sobre una ley. Además, pone en agenda el rol que deben cumplir las instituciones fiscalizadoras, como la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, para evaluar la constitucionalidad de actos administrativos que podrían debilitar la transparencia gubernamental.
En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la política, toda medida que favorezca privilegios sin control debe ser examinada con rigor. La integridad de la función pública no se construye con disposiciones internas, sino con coherencia entre el discurso institucional y el marco legal que rige a quienes ejercen el poder.
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