Hoy, más que nunca, la política y la seguridad ciudadana se han convertido en focos de preocupación para la población. Ya sea porque una dependa de la otra y/o porque la inacción del gobierno haya dejado de lado la seguridad, lo cierto es que la opinión pública va haciéndose sentir cada vez con mayor fuerza conforme nos acercamos al término de este nefasto régimen.
Según el más reciente Informe de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la aprobación de la señora Boluarte cae a 4 % a nivel nacional; mientras su desaprobación asciende a 93 %. Su incapacidad para el adecuado manejo del Estado, sumando a el desastroso accionar de sus ministros han generado que sus niveles de aprobación sigan por los suelos, fenómeno nunca antes visto en nuestra historia reciente. Este descontento refleja la percepción de una ciudadanía que demanda acciones más contundentes frente a problemas urgentes como la inseguridad y la economía. El Congreso de la República no se queda atrás, con leyes y contra leyes que poco o nada vienen contribuyendo a solucionar los problemas de la ciudadanía, no ha logrado ganar confianza entre los peruanos. Con una aprobación de solo el 2 %, la más baja desde que se instaló en el 2021, el Congreso es la institución del Estado con más baja aprobación de todas, si aplicamos el error de muestreo del estudio, estadísticamente estaríamos hablando de un 0 % de aprobación; es decir, que ningún peruano aprueba la actual gestión legislativa. Este escenario político plantea retos sustanciales para generar consensos y promover reformas que impacten positivamente en la vida diaria de los ciudadanos, ¿lo harán? Lo dudo, nuestros parlamentarios siguen preocupados en llegar al 2026 y asegurar sus intereses y los de sus allegados más allá del 2026. En este contexto, la inseguridad ciudadana emerge como uno de los problemas más apremiantes, el 50 % de los encuestados considera que la inseguridad es el problema más importante hoy en día, mientras que en segundo lugar aparece la corrupción con 29 %. Las estadísticas muestran un aumento en delitos como robos, asaltos y violencia urbana, afectando a las poblaciones más vulnerables y de escasos recursos. La percepción general es que las medidas implementadas hasta ahora, como los estados de emergencia en ciertas regiones, han sido insuficientes para contener el avance de la delincuencia.
Este estudio de opinión pone de manifiesto la necesidad de un enfoque integral y colaborativo entre los actores gubernamentales y la sociedad civil. Lamentablemente, los intereses de los primeros están en clara oposición a los de los segundos. Estamos pues, ambos actores, a la espera de que llegue cuanto antes el 2026.
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