Falta 336 días para decidir el futuro del país. El 12 de abril de 2026 elegiremos si persistimos en la ruta del colapso o no.
Desde hace casi un siglo, arrastramos los rezagos de tres grandes crisis. Cada una dejó marcas profundas en nuestra política, economía y cohesión social.
En los años treinta vivimos una crisis institucional severa. Hubo inestabilidad, erosión democrática y una pérdida creciente de legitimidad en el sistema político.
En la década de 1980 enfrentamos una tormenta perfecta. Colapsó la economía, el Estado se debilitó y estalló una violencia que brotó desde las regiones más excluidas.
La tercera crisis llegó con la caída del régimen de Fujimori, en el año 2000. Corrupción, vacío de poder y desprestigio de la clase política marcaron ese periodo.
Entonces, como hoy, hubo rechazo a la corrupción y demandas de reformas. Pero existía una transición democrática más clara y con respaldo social.
Hoy, el escepticismo sobre las salidas institucionales es más fuerte. No hay liderazgos sólidos ni consensos mínimos para encauzar el descontento.
La historia enseña que nuestras crisis son estructurales. No bastan cambios de autoridades: hacen falta reformas profundas que mejoren la representación, la equidad y la eficiencia estatal.
La situación actual refleja decisiones erradas desde los órganos fundamentales del Estado.
Estas han debilitado la institucionalidad, agudizado la crisis política y minado la confianza ciudadana.
El Ejecutivo ha contribuido con escándalos, mentiras, improvisación y tics autoritarios. El Congreso, por su parte, con blindajes, contrarreformas y ataques a la meritocracia y al equilibrio de poderes. La Defensoría del Pueblo guarda silencio frente a violaciones de derechos humanos. Ha perdido independencia. Su rol parece hoy desdibujado.
El Tribunal Constitucional ha adoptado decisiones que socavan la lucha contra la corrupción y desconocen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se ha sumado, además, el desgobierno territorial. La inseguridad crece, el narcotráfico avanza y la minería ilegal se expande con impunidad.
Vivimos una crisis sistémica. La confianza en las instituciones se erosiona, la democracia se debilita y los conflictos sociales se agudizan.
Lo más preocupante es que muchas decisiones no responden a principios democráticos, sino a cálculos políticos o a intereses particulares. Esta deriva debe revertirse. Es urgente elegir autoridades con mejores filtros, impedir la reelección inmediata de congresistas y reconstruir partidos con base real.
El Estado debe estar presente en regiones con servicios sostenidos de salud, educación, justicia y seguridad. No bastan operativos puntuales. Se necesita también reconstruir instituciones. Devolver independencia y legitimidad a la JNJ, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.
La lucha contra la corrupción, la inseguridad y la minería ilegal debe ser firme y multisectorial. La Policía requiere una reestructuración profunda.
El Perú no es un país inviable, pero sí está ante una encrucijada crítica. Ya ha superado crisis graves. Hoy los desafíos son distintos.
A la fragilidad institucional se suma una polarización creciente, crimen organizado y una clase política en la que pocos confían.
En el pasado, hubo liderazgos que guiaron la salida. Hoy, falta dirección y consenso. La ciudadanía tiene una tarea crucial en este contexto.
Cada voto cuenta. Tenemos 336 días para informarnos, discernir y elegir a quienes piensen en el país, no en su grupo ni en su interés personal.
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