La reciente captura de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, en Colombia, marca un punto crítico en la lucha contra la criminalidad transnacional. Identificado como el presunto autor intelectual de la masacre de 13 personas en una bocamina de Pataz, su detención fue posible gracias a la cooperación entre la Policía Nacional del Perú, Interpol y la Policía de Colombia. Esta acción internacional refleja que, cuando las instituciones trabajan articuladamente, sí es posible llegar hasta los cabecillas más escurridizos del crimen organizado. Sin embargo, esta historia también revela capas más profundas que deben inquietar al país entero.
Y es que una figura política vinculada al caso ha encendido las alarmas: Liliana Pizán Chirado, abogada de oficio, con un historial de participación en tres partidos distintos y vínculos laborales con varias gestiones regionales en La Libertad, hoy se encuentra bajo investigación por presunta obstrucción de la justicia. Su afiliación activa al partido Perú Primero de Martín Vizcarra desde 2024, y su trayectoria en gobiernos regionales pasados, reavivan un debate clave: ¿Cómo se filtra gente cuestionable en las estructuras partidarias y de poder?
Esta no es una simple coincidencia política. La historia de Pizán, aunque aún en investigación, pone en evidencia el débil filtro ético de nuestras agrupaciones, donde se prioriza el fichaje de nombres por conveniencia electoral más que por méritos ciudadanos. Además, expone la fragilidad de la meritocracia en regiones como La Libertad, donde muchas veces los cargos públicos han sido moneda de cambio para favores políticos o personales. En este contexto, el caso de Pizán obliga a preguntarnos si lo ocurrido en Pataz tiene raíces más hondas de lo que aparenta: una red donde el crimen y el poder se entrelazan.
A medida que avance la investigación fiscal, se espera que se aclaren los vínculos reales. Lo que sí queda claro es la urgente necesidad de depurar los partidos políticos, establecer filtros reales para los cargos públicos y aplicar sanciones ejemplares contra quienes usan la política como blindaje.