El reciente fallo que ordena la liberación de dos presuntos miembros de la organización criminal ‘Los pulpos’ vuelve a encender el debate sobre la interpretación judicial de la ley penal en el Perú. El Poder Judicial dictaminó su absolución por falta de pruebas, y el INPE, en cumplimiento del mandato, ejecutó la excarcelación. Sin embargo, esta decisión, aunque legalmente válida, no puede desligarse de sus implicancias sociales y del mensaje que transmite a una ciudadanía asediada por la criminalidad.
La judicatura no actúa en abstracto: sus resoluciones se inscriben en un contexto donde el crimen organizado despliega formas cada vez más crueles de intimidación. Uno de los liberados, alias ‘Cubo’, fue detenido tras un operativo que lo vinculaba con secuestros y atentados. Que hoy quede libre por insuficiencia probatoria debería obligarnos a revisar no solo los estándares judiciales, sino la articulación entre policía, fiscalía y juzgados. ¿Qué está fallando? ¿La investigación, la acusación o el criterio judicial?
Interpretar la ley es parte del ejercicio judicial, sí. Pero convertir esa interpretación en indulgencia frente al crimen, cuando el tejido social clama por seguridad y justicia, resulta temerario. No se trata de exigir condenas sin sustento, sino de reforzar un sistema que no premie el error procesal con impunidad. Si no hay pruebas, ¿por qué fueron detenidos con tantos elementos incriminatorios? Si hay pruebas, ¿por qué no son suficientes?
El sistema judicial tiene el poder de poner límites a la violencia o de abrir grietas por donde se filtra. La legalidad no debe divorciarse de la responsabilidad institucional con la ciudadanía. Interpretar la ley con rigor y justicia es lo que sostiene el Estado de derecho. Pero cuando esa interpretación permite el retorno de personajes ligados al terror en barrios vulnerables, algo está fallando más allá del expediente.
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