La fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha planteado demandas de inconstitucionalidad contra las leyes N.° 32107 y N.° 32130, generando un debate sobre el equilibrio entre los principios constitucionales y las decisiones legislativas recientes.
La primera de estas leyes, relacionada con la prescripción de delitos de lesa humanidad, ha sido cuestionada por su aparente contradicción con tratados internacionales como el Estatuto de Roma, que garantiza la imprescriptibilidad de estos crímenes.
La fiscal sostiene que esta normativa podría debilitar la capacidad del sistema judicial para garantizar justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos.
Por otro lado, la Ley N.° 32130, que redefine el rol de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares, ha sido calificada como inconstitucional por la Fiscalía al considerar que vulnera la titularidad del Ministerio Público en la conducción de estas investigaciones. Según el organismo, esta normativa podría generar confusión institucional y alterar la dinámica actual de las investigaciones penales, en la que la Policía actúa bajo la dirección de la Fiscalía, tal como lo establece la Constitución.
Este escenario plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre el respeto a la autonomía legislativa y la necesidad de proteger los principios constitucionales y los derechos humanos. Las demandas de la fiscal de la Nación abren un espacio de reflexión sobre la importancia de garantizar que las leyes promulgadas fortalezcan el sistema de justicia sin comprometer su transparencia ni los compromisos internacionales asumidos por el país.
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