Los incendios ocurridos el martes en la calle Álvarez Thomas y el otro, el miércoles en la calle Manuel Muñoz Najar, nos obligan, como sociedad, a reflexionar seriamente sobre el rol de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) en materia de fiscalización y control urbano. Una vez más, el fuego expone las graves falencias de nuestra gestión local: establecimientos que operan sin condiciones mínimas de seguridad, certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) que tardan meses en ser entregados, y una supervisión que, a todas luces, brilla por su ausencia.
La fiscalización no puede seguir siendo un simple trámite administrativo, ni una acción reactiva que solo se activa cuando ya es demasiado tarde. Estamos hablando de vidas humanas, de familias que lo pierden todo en minutos, y de comerciantes que ven reducidos a cenizas años de esfuerzo. ¿Dónde está la supervisión constante que garantice que los locales cuenten con sistemas de prevención contra incendios? ¿Dónde está la acción decidida para clausurar aquellos establecimientos que no cumplen con los estándares básicos de seguridad?
A esto se suma una preocupante lentitud en la entrega de los ITSE, lo que genera un círculo vicioso: negocios que no pueden acceder a la formalidad porque el municipio no responde con celeridad, y que, por ende, operan en la informalidad, sin control alguno.
No se trata de perseguir a los emprendedores, sino de crear condiciones reales para que trabajen de manera segura. La fiscalización no puede ser un lujo ni una excepción, sino una política firme y sostenida. La tragedia no puede seguir siendo el detonante de la acción..
Exigimos a la MPA transparencia, eficiencia y compromiso real con la seguridad de todos los arequipeños además de respuestas y acciones inmediatas. La MPA tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos, y eso solo será posible si se prioriza la fiscalización y el control adecuado de los establecimientos. No más excusas, no más demoras. Es hora de actuar.
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