La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre las ordenanzas municipales que autorizaban el uso de grúas para remover vehículos mal estacionados ha marcado un hito legal que no podemos ignorar. Más allá del debate técnico, esta sentencia pone en evidencia una realidad constante en el país: la tendencia de algunas municipalidades a asumir competencias que no les corresponden, vulnerando derechos ciudadanos bajo la excusa del “orden urbano”.
El TC fue claro. Solo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene la autoridad para regular el tránsito terrestre y establecer sanciones. La Constitución así lo respalda.
Esta decisión se da en base a la Ordenanza 375-2021 de la Municipalidad Distrital de La Victoria, que permitía el internamiento de vehículos en depósitos municipales, fue declarada inconstitucional por exceder sus atribuciones legales. No se trata de estar a favor o en contra de sancionar a quienes infringen las normas de tránsito, sino de respetar el marco legal vigente y evitar arbitrariedades.
Durante años, muchos conductores en Lima y en otras ciudades han denunciado el uso abusivo de grúas municipales: cobros excesivos, remociones sin criterios técnicos claros, y en algunos casos, aparentes prácticas extorsivas disfrazadas de control vehicular.
Pero, el fondo del problema no es la grúa, ni el depósito municipal. El verdadero problema son los conductores que estacionan donde quieren, con una mezcla de desinformación y descaro, sabiendo que difícilmente serán sancionados. Muchos de ellos han aprendido a vivir en un sistema de impunidad. Y este fallo, aunque jurídicamente correcto, puede terminar reforzando ese comportamiento si no se plantea una alternativa eficaz y urgente de fiscalización.
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