Los episodios de protesta en contra de diversos políticos del establecimiento vigente, no es una cuestión que se haya iniciado en las últimas dos semanas. Son manifestaciones que se han venido suscitando durante los últimos meses y que han adquirido notoriedad en los últimos días a raíz que se han vuelto sistemáticos, en diversos lugares y dirigido contra cualquiera de las categorías de nuestra comunidad política.
En efecto, ya no hay distinción entre presidente y ministros, alcaldes y gobernadores, congresistas o funcionarios de alto nivel. La indignación es generalizada y ello es preocupante. La situación es mas peligrosa pues las protestas no son consecuencia de llamados previos a la ciudadanía. Son manifestaciones espontáneas, que surgen sin convocatoria, de allí que se hayan convertido en la expresión de un grave problema de legitimidad. Sin embargo ¿Puede haber algo peor que eso? Sí. Que la comunidad política no haga nada por remediar la situación.
Tenemos una presidenta que en su impresionante incapacidad se niega a ver lo elemental: que no se puede flotar en una popularidad de 5, 6, 7 o 10 %. Es imposible. Ese número significa que solo uno de cada 10 peruanos le profesa algún tipo de reconocimiento. Pero lo realmente preocupante es que, a pesar de esa realidad, la presidenta Boluarte insista en un conjunto de ministros que hace mucho ha demostrado que no da la talla.
Lo mismo se podría decir de ministros, gobernadores o alcaldes. Ayer, para citar un caso reciente, en Ayacucho un grupo de manifestantes tomó el centro histórico. Se negaban a dialogar con ese gobernador que responde al nombre de Wilfredo Oscorima y que tiene varios antecedentes de acusaciones por corrupción. Los manifestantes se negaban a dialogar y exigían la renuncia del “Waiki”, del gran amigo de Dina Boluarte y reciente “jale” de Alianza por el Progreso APP. Afortunadamente no hubo violencia, pero sí exigencias. Esto amenaza con ser el comienzo pues como he señalado la población ya está harta de la corrupción generalizada y esta especie de desfachatez y falta de escrúpulos que se ha instalado en los actuales miembros de la comunidad política.
Una crisis de legitimidad se traduce en que la población no le reconoce autoridad a los funcionarios, no les cree, no los respeta y no les interesa lo que digan. Miren alrededor y vean que expectativas puede generar un mensaje de Dina Boluarte, qué significa para la población la declaración de un ministro o qué respeto se le tiene a los congresistas.
Los únicos que pueden cambiar esta situación son las propias autoridades políticas. Pero lamentablemente no les interesa hacerlo.
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