En las últimas décadas, Perú ha sido testigo de una preocupante sucesión de procesos judiciales contra sus expresidentes. Desde Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos, hasta Ollanta Humala, recientemente sentenciado a 15 años por lavado de activos, la lista incluye a Alejandro Toledo, extraditado y condenado por corrupción, y Pedro Pablo Kuczynski, investigado por vínculos con Odebrecht. Incluso Alan García, investigado por presuntos sobornos, se quitó la vida al momento de ser detenido. Esta cadena de escándalos ha erosionado la confianza ciudadana en las más altas esferas del poder.
Con las elecciones generales del 2026 en el horizonte, se vuelve urgente replantear los criterios de elegibilidad y fortalecer los controles previos a la postulación. La reforma política debe incluir exigencias claras sobre trayectoria ética, rendición de cuentas y transparencia patrimonial. No se trata solo de evitar futuros escándalos, sino de garantizar que quienes aspiren a liderar el país representen verdaderamente los valores democráticos y el interés público.
La ciudadanía, por su parte, tiene un rol clave en este proceso. La exigencia de candidatos con mejores antecedentes no debe limitarse al discurso, sino traducirse en participación activa, fiscalización y voto informado. Solo así podremos romper el ciclo de impunidad y construir un liderazgo político que esté a la altura de los desafíos del Perú contemporáneo. Porque más que nuevos rostros, lo que el país necesita son convicciones firmes y compromisos reales con la justicia y el bienestar colectivo.
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