Febrero terminó con la detención del alcalde de Los Aquijes en Ica, Edward Amoroto Ramos, este escándalo pone nuevamente en evidencia el arraigo de la corrupción en el país. Su presunta participación en la organización criminal ‘Los acelerados del sur’ es un recordatorio de cómo el tráfico de influencias y el abuso de poder siguen minando la confianza ciudadana en las autoridades. La complicidad de funcionarios, tramitadores y abogados refuerza la sensación de que las redes corruptas operan con total impunidad.
El allanamiento de la municipalidad de Los Aquijes y de la Dirección Regional de Transportes de Ica confirma que la corrupción no es un acto aislado, sino un esquema sistemático. La venta ilegal de licencias de conducir, a cambio de sobornos de hasta S/3000, expone un problema que trasciende este caso: la mercantilización de trámites que deberían ser transparentes. Es preocupante que, pese a investigaciones y denuncias previas, estas redes operen con la aparente permisividad del sistema.
El exgobernador Javier Gallegos, señalado como presunto cabecilla de la organización, representa el perfil de políticos que ven en el Estado un botín antes que una responsabilidad. La revocación de la prisión preventiva contra Amoroto Ramos en 2023 generó dudas sobre la efectividad de la justicia y el riesgo de que los responsables evadan las sanciones correspondientes. Fuerza Popular fue el partido que confió en darle la candidatura en su momento a Amoroto, pero ahora le suspendió su militancia. La ciudadanía merece acciones concretas con sanciones ejemplares no solo suspenderlo.
Este caso es un llamado urgente a reformar los mecanismos de control y sanción para que la impunidad no siga siendo la norma. Si las instituciones no garantizan castigos ejemplares, el mensaje es claro: delinquir desde el poder es rentable. La lucha contra la corrupción no puede ser solo un discurso de campaña; debe traducirse en reformas efectivas que pongan fin a este ciclo de desconfianza y descomposición institucional.
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