La historia reciente del Perú está marcada por una preocupante constante: la sucesiva implicación de sus expresidentes en casos de corrupción, lavado de activos y abuso de poder.
Desde Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, hasta Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva por presunto intento de golpe de Estado, el país ha visto cómo sus más altos mandatarios terminan enfrentando a la justicia. Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos por el caso Odebrecht; Ollanta Humala y su esposa fueron investigados por presunto financiamiento ilegal de campaña; mientras que Alan García se quitó la vida en medio de una orden de detención. La lista es extensa y alarmante.
A esta secuencia de escándalos se suma ahora Martín Vizcarra, quien fue presidente entre 2018 y 2020. Deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por cohecho pasivo al recibir, presuntamente, sobornos a cambio de licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador de esta última región.
El patrón que se repite en estos casos revela un sistema político profundamente erosionado por la corrupción. Las redes de favores, el uso indebido de recursos públicos y la manipulación de instituciones han sido prácticas recurrentes entre quienes han ocupado el sillón presidencial.
En este contexto, el Perú enfrenta el desafío de reconstruir su institucionalidad y fortalecer los mecanismos de control y transparencia. La ciudadanía, cada vez más vigilante, demanda líderes que respondan con integridad y compromiso real por el bien común. Mientras tanto, el historial judicial de los exmandatarios peruanos sigue siendo un reflejo crudo de las fracturas del sistema.
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