La propuesta chilena de crear un corredor humanitario reabre un debate complejo en la región. No se trata solo de solidaridad, sino de evaluar capacidades reales, impactos sociales y responsabilidades compartidas entre estados.
La migración irregular ya presiona servicios públicos, seguridad y gestión fronteriza en países como Perú.
Cualquier medida excepcional exige planificación rigurosa y coordinación diplomática previa, no respuestas improvisadas ante coyunturas políticas externas.
La cautela expresada por el Gobierno peruano refleja una realidad: los corredores humanitarios no son simples rutas de tránsito, sino decisiones que afectan soberanía, control territorial y convivencia local en zonas históricamente vulnerables.
Delegar el análisis a Cancillería es correcto, pero insuficiente si no va acompañado de estudios técnicos, logísticos y presupuestales claros, especialmente en fronteras donde el Estado ya enfrenta limitaciones operativas.
El enfoque humanitario debe coexistir con el orden interno. Proteger derechos de migrantes no implica renunciar al control migratorio ni trasladar costos desproporcionados a países de tránsito con recursos limitados.
Más que rechazar o aceptar de plano la propuesta chilena, el reto regional es construir una política migratoria conjunta, previsible y sostenible, que evite parches diplomáticos y responda a una crisis estructural.
El debate deja una lección clara: sin una estrategia regional de largo plazo, los corredores humanitarios corren el riesgo de convertirse en soluciones temporales que trasladan el problema de un país a otro sin resolverlo.
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