El reciente Decreto de Urgencia N.º 006-2025, firmado por la presidenta Dina Boluarte, marca un nuevo intento por frenar la minería ilegal y la violencia criminal en la provincia de Pataz, región La Libertad. Aunque la medida suena contundente y llega con una fuerte inyección de recursos -más de 52 millones de soles-, el enfoque vuelve a caer en lo de siempre: reforzar el control operativo sin atacar el corazón del problema.
La norma permite la intervención de múltiples entidades como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Minem, la Sutran y hasta el INPE. Se instalarán puestos de control, se adquirirán equipos, se contratará personal y se activará vigilancia GPS. Todo suena bien sobre el papel. Sin embargo, ya hemos visto antes cómo estas “intervenciones multisectoriales” se diluyen en el tiempo por falta de sostenibilidad, corrupción interna o simple descoordinación.
Más preocupante aún es que, aunque se habla de restablecer el principio de autoridad, no se menciona ni una sola medida orientada a fortalecer los procesos de formalización minera ni a atender la raíz social del problema: comunidades sin alternativas económicas reales. ¿Qué pasará cuando terminen los operativos? ¿Qué cambiará si no se reforman las estructuras que permiten que estas mafias sigan operando con apoyo local, empresarial o político?
No se trata de negar la urgencia ni de minimizar la violencia en Pataz, que es real y creciente. Pero una estrategia centrada solo en la represión es como aplicar un vendaje a una fractura expuesta.
Sin reformas profundas, sin justicia territorial ni desarrollo sostenible, este nuevo despliegue estatal puede terminar siendo solo otro intento costoso y limitado de apagar un incendio sin apagar el foco que lo alimenta.
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