Una reciente denuncia constitucional contra el excontralor Nelson Shack abre un episodio delicado para una de las instituciones clave en la lucha contra la corrupción. No se trata de un funcionario cualquiera: hablamos de quien encabezó el sistema nacional de control y cuya función era, precisamente, fiscalizar la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos.
El sustento de la acusación es aún más sensible porque proviene de un informe elaborado por la propia Contraloría. Según la denuncia presentada por el sindicato de trabajadores de la entidad, existirían omisiones reiteradas en las declaraciones juradas de bienes, rentas e intereses del entonces titular. La paradoja es evidente: la institución encargada de verificar la veracidad de estas declaraciones habría detectado presuntas inconsistencias en quien debía dar el ejemplo.
Más allá de la responsabilidad individual, el caso plantea un problema institucional. Si un informe de fiscalización no habría sido remitido al Congreso como correspondía, la pregunta no solo es qué se omitió declarar, sino qué mecanismos internos fallaron para garantizar que esa información siguiera el curso legal previsto. En entidades de control, la forma es tan importante como el fondo.
La denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Allí se determinará si corresponde o no una eventual inhabilitación. Pero el debate no debería reducirse a una sanción política. Lo que está en juego es la credibilidad de un sistema que exige transparencia a todos los altos funcionarios del Estado.
En tiempos de desconfianza institucional, cualquier sombra sobre los órganos de control tiene un efecto multiplicador. Si quienes fiscalizan son cuestionados por presuntas omisiones en sus propias declaraciones, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador. La investigación debe ser rigurosa, objetiva y transparente. Solo así se podrá evitar que la sospecha se convierta en descrédito permanente.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
