El libro “Contrataciones y adquisiciones del Estado” (Instituto Pacífico, 13 Edición, 2025), de Alberto Retamozo Linares, hace un recorrido histórico de “Los procedimientos de selección en el Perú Republicano”, leemos: “El final de la colonia abrió una etapa de transición política y jurídica en el Perú, donde los valores coloniales se mantuvieron al lado de los nuevos generados a la luz del pensamiento liberal, articulación contradictoria que se exteriorizó no solo en la vida cotidiana, sino también en la cultura, el derecho, la economía y todos los ámbitos del quehacer nacional, siendo denominada la herencia colonial, proceso que no fue ajeno a las contrataciones públicas, donde el pasado y el futuro se articulaban en un presente contradictorio” (p. 41). Los años iniciales de la Emancipación fueron de coexistencia jurídica de leyes coloniales con leyes republicanas, una paradoja ¡increíble!
Hace 200 años: “En 1825 se produjo el primer intento de modernizar el sistema de organización administrativa y de contratación jurídica heredado de la colonia” (p. 41), agrega: “Mediante decreto del 18 de noviembre de 1825 se quiso romper con la tradición jurídica colonial en materia de contrataciones que se había desenvuelto al amparo de la figura jurídica del remate” (p. 42), remate equivalía a subasta, hoy licitación; el argumento fue: “Que el antiguo sistema de remates, si favorece los intereses del erario por una parte, ocasiona a los ciudadanos resultados ruinosos por otra; exitando (sic) entre ellos celos, rivalidades. Y pérdidas, que al fin vienen a refluir contra la causa pública, debiendo abolirse por este motivo, y adoptarse en consecuencia otro modelo que consulte el mayor bien y decoro de la nación” (p. 42).
El nuevo modelo introdujo le presentación de propuestas en sobres cerrados, apertura de los mismos en acto público, ganando la más ventajosa para el Estado; significó un avance. Sin embargo, resultó un fracaso, veamos: “Que la observancia del Decreto de noviembre de 1825, resultan mayores inconvenientes, que del sistema antiguo, y que abre la puerta a muchos fraudes, por lo que se decretaba la derogatoria del decreto en mención” (p. 43); se regresó al modelo abolido. Nuestro país, no necesita nuevos modelos, sí necesita de peruanos honestos, veraces, eficientes y laboriosos.
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