La revelación de que la presidenta Dina Boluarte se sometió a cirugías estéticas en Palacio de Gobierno ha generado una nueva crisis política y cuestionamientos sobre el uso de recursos y la ética en el ejercicio del poder. Según el dominical “Panorama”, la expresidenta de Essalud, María Elena Aguilar, supervisó la intervención y preparó medidas de emergencia en caso de complicaciones. La cercanía entre ambas funcionarias y la posterior designación de Aguilar al frente de Essalud plantean dudas sobre posibles favores políticos.
Este caso no es un simple episodio de vanidad personal. En un país donde el acceso a la salud pública es precario y miles de ciudadanos esperan meses o años por una cirugía urgente, resulta inaceptable que una mandataria utilice sus influencias para realizarse procedimientos estéticos en instalaciones gubernamentales. La indignación crece cuando se considera que Essalud atiende a más de 11 millones de peruanos, muchos de los cuales enfrentan largas esperas por tratamientos médicos esenciales.
El hecho de que la mandataria haya sido rechazada en una clínica privada antes de optar por un médico cercano al círculo gubernamental agrava aún más la polémica. ¿Hubo tráfico de influencias? ¿Se usaron recursos del Estado para estos procedimientos? Estas son preguntas que la Fiscalía deberá responder con una investigación exhaustiva, sin espacio para encubrimientos o manipulaciones políticas.
Más allá del escándalo, este caso refleja una desconexión profunda entre la clase política y la ciudadanía. Mientras el sistema de salud colapsa, los altos funcionarios parecen vivir en una burbuja de privilegios. Si el gobierno de Boluarte pretendía proyectar una imagen de austeridad y compromiso con el país, estas revelaciones han logrado lo contrario: exponer un uso discrecional del poder que erosiona aún más la confianza en las instituciones.
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