Durante más de un año, el Ministerio de Educación ha separado a 929 trabajadores -entre docentes y administrativos- involucrados en delitos que jamás debieron convivir con la vocación educativa: violación sexual, hostigamiento y hasta terrorismo. Este dato no debería celebrarse como logro, sino escandalizarnos como sociedad. ¿Cómo llegamos al punto de normalizar la presencia de agresores en nuestras instituciones educativas?
La mayoría de estos casos fueron detectados en colegios públicos, pero también alcanzaron a instituciones privadas, dejando al descubierto un sistema frágil, donde los procedimientos disciplinarios pueden ser archivados sin justificación. En Loreto, por ejemplo, se investiga el archivamiento indebido de varios procesos administrativos. ¿Cuántos estudiantes más han quedado en silencio por una burocracia que protege al agresor y no a la víctima?
El ministro de Educación fue lento para sancionar, además no basta con la declaración política si las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) no cumplen con su rol de manera firme y transparente. La impunidad no solo corrompe el sistema educativo; destruye la confianza de padres, estudiantes y comunidades enteras.
No es solo una cifra. Son 929 oportunidades en las que el Estado falló. Cada caso representa una infancia violentada, un aula contaminada y un silencio institucional que pesa.
La educación debe ser el lugar más seguro para un niño o una niña. El compromiso es de todos: denunciar, vigilar, exigir.
Porque no podemos seguir llamando “educadores” a quienes solo siembran miedo.
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