Los Censos Nacionales 2025 no son un trámite burocrático más, sino una herramienta clave para conocer la realidad del país y planificar su desarrollo. Sin datos precisos, es imposible diseñar políticas públicas efectivas que respondan a las necesidades reales de la población. Sin embargo, aún persisten dudas y temores infundados que frenan la colaboración de algunos ciudadanos. No hay motivo para rehusar la entrevista: los censistas están debidamente capacitados e identificados, y la información que recolectan está protegida por la Ley del Secreto Estadístico.
Es comprensible que la inseguridad ciudadana despierte cautela, pero eso no debe convertirse en una barrera para el deber cívico. Si existe recelo de abrir la puerta, se puede responder desde una ventana y solicitar siempre los documentos de identificación del encuestador.
Ningún censista está autorizado a pedir huellas digitales ni datos que no correspondan al cuestionario oficial. Reconocer a los falsificadores es posible con simples medidas: verifique la credencial con código QR y confirme su autenticidad en la web del INEI.
La desinformación es otro enemigo a combatir. Noticias falsas en redes sociales intentan sembrar miedo y desconfianza hacia este proceso, sin fundamento alguno. Ignorarlas es proteger el derecho colectivo a un censo preciso. El avance tecnológico también es un aliado: por primera vez, los datos se registran en tabletas, lo que agiliza el proceso y reduce riesgos de manipulación.
Más de 1.3 millones de viviendas ya fueron censadas en solo cinco días, prueba de que la mayoría de peruanos comprende la importancia de participar.
La invitación es clara: abrirnos al diálogo con el censista es abrirle la puerta al desarrollo. Sin estadísticas confiables, el Estado actúa a ciegas; con ellas, puede distribuir mejor los recursos, planificar infraestructura, salud y educación. Participar en el censo no es solo un derecho, es una responsabilidad con nosotros mismos y con el futuro del Perú.
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