A una semana de haberse declarado el estado de emergencia en la capital, el transporte público continúa sumido en el caos, agravado por el avance imparable de la criminalidad. Los usuarios enfrentan diariamente robos en buses, paraderos inseguros y la presencia de bandas que operan con total impunidad en horas pico. La medida presidencial, que prometía devolver la tranquilidad a las calles, no ha logrado frenar la ola delictiva que azota a miles de ciudadanos.
Conductores y cobradores denuncian que la presencia policial es insuficiente y que los operativos anunciados no se han traducido en una mejora tangible. Las rutas más conflictivas siguen siendo escenario de asaltos, extorsiones y agresiones, mientras que los pasajeros optan por caminar largas distancias o pagar servicios informales para evitar el transporte regular. El miedo se ha instalado como compañero habitual en cada viaje.
La ciudadanía exige respuestas más contundentes. No basta con decretos ni discursos: se necesitan acciones concretas, sostenidas y coordinadas entre las fuerzas del orden, los municipios y el Ministerio de Transportes. La instalación de cámaras, patrullajes constantes y una estrategia de inteligencia para desarticular bandas deben ser parte de un plan integral que aún no se vislumbra.
El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad en uno de los servicios más esenciales para la población. Si el estado de emergencia no se traduce en resultados reales, corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica sin impacto. La capital no puede esperar más: el transporte necesita orden, protección y una respuesta firme frente al crimen.
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