El reciente fallo del Tribunal Constitucional marca un antes y un después en la relación entre justicia y poder político en el Perú. La decisión de suspender investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte mientras ejerce el cargo no solo redefine la inmunidad presidencial, también envía un mensaje institucional de gran alcance.
El TC sostiene que las diligencias de la Fiscalía no deben vulnerar la dignidad del cargo, restringiendo allanamientos y medidas intrusivas. Sin embargo, en un país golpeado por la desconfianza en las instituciones, este blindaje genera suspicacia y abre un debate urgente sobre transparencia y rendición de cuentas.
En democracia, la inmunidad no puede confundirse con impunidad. La ciudadanía exige respuestas y certezas en medio de una crisis política sostenida. Si bien la Constitución limita la responsabilidad penal de un mandatario, la justicia debe encontrar vías para garantizar que la verdad no se oculte tras los muros del poder.
Hoy más que nunca, la institucionalidad está a prueba. El equilibrio entre la estabilidad presidencial y la lucha contra la corrupción será decisivo para recuperar la confianza ciudadana. Si el blindaje se convierte en un escudo absoluto, el costo político e histórico será demasiado alto.
Este fallo también condiciona el rol del Congreso, que conserva el poder de iniciar un antejuicio o declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que esta prerrogativa suele usarse con fines políticos, debilitando aún más la gobernabilidad.
La verdadera pregunta es si el país tolerará otro capítulo de desencuentros entre poderes del Estado. La sociedad civil, la prensa y la academia deben asumir un rol activo para exigir transparencia. La democracia se fortalece cuando la verdad no se posterga, sino que se enfrenta.
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