La reciente ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya afecta a más de cincuenta países, revela una estrategia económica marcada por el unilateralismo y la ambigüedad geopolítica. Mientras la Casa Blanca asegura que estas medidas buscan equilibrar el comercio global, resulta preocupante que aliados históricos como la Unión Europea, Japón e incluso Israel estén en la lista de los sancionados, mientras Rusia, en pleno proceso de negociación por la guerra en Ucrania, ha sido excluida sin una justificación convincente.
En el caso de Perú, el canciller Elmer Schialer, advirtió que la imposición de aranceles del diez por ciento afectará gravemente a los productos agroindustriales peruanos, poniendo en riesgo más de un millón y medio de empleos. Este impacto no solo compromete la estabilidad económica del país, sino que demuestra cómo las decisiones de Washington tienen consecuencias sobre las economías emergentes, muchas dependen de sus exportaciones para sostener el empleo y reducir la pobreza.
Desde el Consejo Económico Nacional hasta el Departamento del Tesoro, los altos funcionarios estadounidenses admiten que las negociaciones podrían tardar meses, que habrá impacto en los precios internos y que no se aceptarán excepciones. Pero al mismo tiempo, se deja abierta la puerta a acuerdos bilaterales con quienes “demuestren credibilidad”. ¿En qué consiste esa credibilidad? ¿Quién decide el peso del historial comercial frente al valor de las alianzas estratégicas?
El comercio internacional no se puede reducir a una tabla de aranceles, sino que requiere diálogo multilateral, sensibilidad geopolítica y, sobre todo, coherencia. El caso de Rusia plantea interrogantes éticas y estratégicas sobre la selectividad de estas sanciones. En un mundo interconectado, los aranceles pueden ser herramientas de protección o presión, pero solo si se aplican con equidad. De lo contrario, son armas políticas de doble filo que dañan economías y erosionan la confianza global.
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