La reciente aprobación de la ley de amnistía para policías y militares por parte del Congreso ha abierto una grieta jurídica y política de grandes proporciones. Las palabras de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ponen en evidencia una preocupación institucional: la norma aprobada choca frontalmente con la Constitución y con tratados internacionales firmados por el Estado peruano. Su alerta no es menor: las amnistías masivas podrían interpretarse como una negación del derecho a la justicia.
Más allá del debate sobre su constitucionalidad, la ley plantea dilemas éticos de fondo. ¿Puede un Estado democrático perdonar en bloque, sin análisis individual, posibles violaciones de derechos humanos? ¿Qué mensaje se transmite a las víctimas que aún esperan justicia? Tello sugiere revisar la norma desde el propio Parlamento o desde el Ejecutivo. No se trata de impunidad, insiste, sino de respetar estándares que el Perú ha ratificado y por los cuales ha sido juzgado internacionalmente.
La magistrada también rechaza la idea de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hace con argumentos de fondo: esa instancia internacional ha sido el último recurso para víctimas de un sistema judicial que, por múltiples razones, ha fallado en garantizar justicia. Renunciar a ese foro sería cerrar puertas a quienes aún buscan reparación.
¿Debemos quitarnos una garantía, solo porque incomoda?
Por último, la presidenta del Poder Judicial apunta a un problema estructural: la altísima litigiosidad del país. El sistema está desbordado por denuncias y demandas que muchas veces carecen de sustento. Revisar esa cultura judicial —donde cada decisión se judicializa— es también parte del reto. Entre amnistías polémicas, saturación judicial y tensiones con la justicia internacional, el Perú enfrenta una prueba de madurez institucional que no se resuelve con leyes exprés, sino con visión de Estado.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
