La reciente reacción del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Carlos Burneo, frente a las denuncias de afiliaciones partidarias sin consentimiento es un paso necesario, pero insuficiente. En un país donde la confianza en las instituciones ya se encuentra erosionada, descubrir que uno está inscrito en un partido político sin saberlo no solo resulta indignante, sino profundamente alarmante. No se trata de un simple “error administrativo”, como algunos intentan suavizarlo: se trata de una vulneración directa al derecho fundamental a la libertad política y a la privacidad.
Burneo ha asegurado que el JNE está trabajando “mañana, tarde y noche” para atender las denuncias, y que se implementarán medidas en los próximos días. Si bien sus declaraciones buscan transmitir tranquilidad, llegan en medio de un escándalo que pone en entredicho la transparencia del sistema de partidos y del propio padrón electoral. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un ciudadano necesite pagar S/46.20 para desafiliarse de un partido al que nunca pidió pertenecer? Este cobro convierte a la víctima en responsable, como si pedir justicia fuese un trámite sujeto a tasas y formularios.
No podemos pasar por alto las formas que han adquirido estas afiliaciones irregulares. En varios casos, los ciudadanos firmaron papeles engañosos: encuestas, sorteos, promesas de ayuda social. ¿Qué nivel de manipulación y desinformación estamos tolerando? Y peor aún, ¿cuánto tiempo han figurado esas personas como militantes “activos” dentro de listas partidarias que podrían estar captando financiamiento u obteniendo beneficios por tener una supuesta base ciudadana sólida?
Si el JNE realmente desea defender la democracia, debe garantizar un sistema de afiliación claro, voluntario y, sobre todo, reversible sin costo alguno cuando hay pruebas de falsificación o engaño. Las medidas anunciadas deben traducirse en sanciones ejemplares y en una depuración urgente del registro de afiliados. No basta con decir que están “tomando acciones”; los ciudadanos exigen resultados. Si no se corrige este atropello ahora, entraremos a las Elecciones Generales de 2026 con una sombra muy peligrosa sobre la legitimidad del proceso.
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