Estamos a exactamente a un año de las elecciones generales del 2026, “fiesta” de la democracia en la que elegiremos fórmula presidencial y un Congreso bicameral: senadores y diputados; además de los inútiles parlamentarios andinos. Lo que se esperaría suceda en un clima de paz y tranquilidad, pareciera no ser de esa manera.
Este panorama está definido por el enfrentamiento constante entre poderes del Estado, desconfianza generalizada hacia las instituciones y un clima de polarización que afecta tanto a la ciudadanía como a los actores políticos.
El conflicto entre los poderes del Estado ha sido una constante en nuestra política reciente. Las censuras a ministros, las interpelaciones y el uso de la cuestión de confianza han debilitado la capacidad del gobierno para implementar alguna política.
Este enfrentamiento no solo genera incertidumbre, sino que también alimenta la percepción de inestabilidad, erosionando aún más la confianza de la población en la clase política. La fragmentación política es otro factor que complica el panorama. Con cerca de 50 partidos políticos inscritos y una oferta electoral que podría superar los 12 000 candidatos, el riesgo de dispersión del voto es alto.
Este fenómeno no solo dificulta la identificación de propuestas claras, sino que también aumenta la posibilidad de que candidatos con un bajo porcentaje de apoyo popular lleguen a la segunda vuelta, como ocurrió en elecciones pasadas. Además, la falta de cohesión entre los partidos y la ausencia de liderazgos sólidos agravan la crisis de representación. En lo social, las tensiones se han intensificado debido a problemas estructurales como la inseguridad ciudadana, la pobreza, la desigualdad y los conflictos sociales.
Estas problemáticas, combinadas con un sistema político fragmentado, generan un caldo de cultivo para el descontento social y las protestas; lo que podría abrir el paso a propuestas políticas radicales, tanto de derecha como izquierda, que podrían aprovechar este escenario para obtener votos.
En este contexto, las elecciones del 2026 no solo definirán nuestro futuro político, sino que también pondrán a prueba nuestra capacidad para superar divisiones y avanzar hacia una mayor cohesión social.
Será fundamental que los actores políticos y las instituciones trabajen en conjunto para garantizar un proceso electoral transparente y equitativo, que nos permita tomar decisiones informadas y responsables.
De eso depende, en gran parte, el destino de todos y todas.
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