Nuestro país enfrenta un escenario complejo, marcado por la inestabilidad política, las crisis económicas y retos sociales que amenazan con volverse estructurales.
Tras una sucesión de protestas y cambios de gobierno, la desconfianza en las instituciones es alta. Se agrava con casos de corrupción y una gobernabilidad frágil.
La economía ha perdido dinamismo. El crecimiento se desacelera, la inversión privada se estanca y sectores clave como la minería enfrentan conflictos sociales sin resolver.
Aunque los fundamentos macroeconómicos se mantienen relativamente sólidos —baja deuda pública, reservas internacionales—, la pobreza y la informalidad afectan a casi el 30% de la población.
Persisten desigualdades regionales, y el acceso a servicios básicos en zonas rurales sigue siendo precario. La inseguridad y el crimen organizado aumentan la sensación de abandono.
No se resuelve este panorama en un año ni en un solo periodo presidencial. Solo un programa de Estado y participación ciudadana sostenida pueden revertirlo.
Pero hay que empezar. Lo razonable sería comenzar de inmediato. Sin embargo, el Ejecutivo y el Congreso van en contra de las soluciones. En contra del país.
Se necesita un cambio de rumbo. La oportunidad llega en 314 días, cuando tendremos la responsabilidad de elegir. Nuestro voto será decisivo.
Votar es un deber ciudadano. Pero no basta con marcar una cédula: se trata de hacerlo con plena conciencia, informados y con sentido de país.
En 2026, enfrentaremos cinco elecciones. Más de 40 partidos propondrán candidatos. La tarea será ardua, pero ineludible.
Desde ahora, debemos revisar los planes de gobierno de cada agrupación. Conocer propuestas, trayectorias y compromisos de cada candidato será crucial.
El país tiene potencial para recuperarse si logra estabilizar su política, mejorar la gestión pública y recuperar la confianza del sector privado.
Contamos con diversidad de recursos naturales —minería, agricultura, energía renovable— y una ubicación estratégica. Con acuerdos comerciales, podríamos integrar mejor la economía regional.
Pero esto requiere reformas estructurales. Educación, infraestructura, justicia y una gestión estatal eficiente son condiciones ineludibles.
También es clave reducir la conflictividad social mediante el diálogo. Sin cohesión, cualquier oportunidad se pierde en la parálisis o la violencia.
A mediano plazo, podríamos aprovechar nuestra ventaja demográfica. Convertirnos en un hub logístico o agroexportador es posible, pero exige liderazgo y visión de país.
Un escenario optimista depende de consensos políticos reales. El pesimista, de la perpetuación de la fragmentación y el cortoplacismo.
Todo dependerá de nuestro voto. La indiferencia ante los problemas del país no es neutral: los agrava.
La abstención es una forma de renuncia. De 1980 a la fecha, ha aumentado de manera alarmante.
En 1980, la abstención fue de 24.6%. Un millón seiscientos mil ciudadanos no acudieron a votar.
En 2021, la abstención llegó al 31% en la primera vuelta y al 34% en la segunda.
Es decir, entre siete millones ochocientas mil y ocho millones seiscientas mil personas dejaron de participar.
Una irresponsabilidad grave. Esa indiferencia los convierte en cómplices de los malos gobiernos.
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