La Policía Nacional arrestó en Madrid a un hombre que emitía en directo abusos sexuales contra su hija menor mediante una aplicación de livestreaming. Según informaron las autoridades, el detenido recibía monedas virtuales que canjeaba por regalos y mayor visibilidad dentro de la plataforma. La investigación se activó tras una comunicación anónima enviada a finales de noviembre de 2024 al canal ciudadano denuncias.pornografía.infantil@policia.es, un recurso que en 2024 y 2025 recibió más de 5000 mensajes y permitió abrir múltiples operaciones.

Durante el operativo en la capital española, los agentes incautaron dos teléfonos móviles con abundante material ilícito y detectaron que el sospechoso accedía a salas privadas y utilizaba fotografías junto a la menor para atraer usuarios, coordinando contactos a través de una aplicación de mensajería externa. 

El hombre fue imputado por producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual a menor, y quedó en prisión provisional por orden judicial. “La colaboración ciudadana es clave para frenar estos delitos”, reiteró la Policía, que instó a reportar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa.

El caso se conoce mientras el Comité de Derechos del Niño de la ONU expresó una “preocupación significativa” por la falta de datos oficiales sobre abuso sexual infantil en el entorno familiar en España y alertó del aumento de la explotación sexual de menores. El organismo también advirtió bajos índices de procesamiento y condena en determinados ámbitos y recomendó reforzar la recopilación estadística y mecanismos judiciales adaptados a la infancia que eviten la revictimización.

Aunque la ONU reconoce avances legislativos recientes para proteger a la niñez, subraya vacíos persistentes en los sistemas de registro y gestión de estos delitos. En sus Observaciones Finales, parte de la revisión periódica a los países firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, pidió protocolos especializados en todo el territorio y recursos suficientes para trámites ágiles y efectivos. “Garantizar procesos que no re-traumaticen a las víctimas es una prioridad”, remarca el informe. Con información de Europa Press.