La Universidad Continental se construyó al costado de la torrentera Los Incas y de terrenos agrícolas, pese al peligro significativo para los alumnos. Por ello, el Poder Judicial (PJ) emitió en 2021 la sentencia N.° 106-2021-3SC, que permitió a la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero anular la habilitación urbana y cancelar dos licencias de edificación otorgadas a dicha casa de estudios superiores.
El riesgo de construir en la zona fue evidente por las lluvias. El jueves 19 de febrero, los bomberos informaron que 300 jóvenes fueron rescatados, luego de quedar incomunicados por el desborde de la torrentera que ingresó a la universidad (ver fotos).
El sector donde se ubica el centro de estudios fue cuestionado porque forma es clasificada como zona de reglamentación especial (ZRE). Es decir, se trata de un lugar donde no pueden realizarse construcciones debido a la presencia de áreas agrícolas y de la torrentera.
Como consecuencia de este factor que fue incluido en la sentencia emitida por el PJ-, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero decidió revocar la licencia de construcción.
“Aquí no hay improvisación ni arbitrariedad. Hay una sentencia que declara nula la habilitación urbana y, como autoridad, tengo la obligación legal de hacerla cumplir. No hacerlo sería ilegal”, expresó el alcalde distrital, coronel PNP (r) Fredy Zegarra Black.
No obstante, el burgomaestre remarcó que -frente a la negativa del municipio- la Universidad Continental solicitó autorización a los revisores urbanos del Ministerio de Vivienda.
Además de remitir el informe, la universidad demandó a la municipalidad distrital por presunto abuso de autoridad. Sin embargo, Zegarra Black mencionó que el proceso continúa en trámite.
“Nuestra gestión se rige por el principio de legalidad y por el interés público por lo que defender el suelo agrícola y el orden urbano no es una decisión del momento, es una obligación constitucional”, precisó el alcalde.
PEDIDO DE MUNICIPALIDAD. Asimismo, Zegarra Black indicó que, tras el informe favorable de los revisores urbanos, la municipalidad solicitó al Ministerio de Vivienda que revise nuevamente el informe remitido por la Universidad Continental para la autorización correspondiente de la segunda torre. De esta manera, buscan verificar su legalidad y evitar tragedias por estar en zona de riesgo.
“Gobernar es proteger el interés general. Nuestra obligación es garantizar el desarrollo urbano ordenando, respetar el suelo agrícola y actual con transparencia”, finalizó.
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