El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) ha impuesto multas que superan los S/500 000 a diversas municipalidades de la región Arequipa, así como a entidades públicas, por incumplir la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N.° 29973). Las sanciones corresponden, principalmente, al incumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad y a la falta de obras de accesibilidad en infraestructura y entornos urbanos. (Ver cuadro)
De acuerdo a la Dirección de Fiscalización y Sanciones del Conadis, entre 2021 y 2024, la Municipalidad Provincial de Arequipa resultó ser la institución más multada. En 2024, recibió una sanción por no cumplir la cuota de contratación de personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% de la totalidad de su personal. De un total de 1815 trabajadores, apenas 42 tenían esta condición, equivalente al 2.31%.
La comuna provincial también recibió otras dos sanciones por no destinar recursos a la mejora de accesibilidad urbana y edificaciones, aunque sí ejecutó programas sociales y de servicios orientados a esta población.
MÁS INSTITUCIONES SANCIONADAS. El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el hospital Honorio Delgado Espinoza también fueron multados por no implementar obras que garanticen accesibilidad.
El gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Fernando Isuiza Prado, admitió que las sanciones se aplicaron durante dos años consecutivos, aunque aclaró que no corresponden a su gestión. Informó que este año se invirtieron S/120 000 en rampas, señalización y adecuación de ambientes en áreas de atención al público en la sede principal, con el fin de corregir las observaciones.
Las municipalidades provinciales de Camaná y Condesuyos, así como la comuna distrital de José Luis Bustamante y Rivero, se suman a la lista de sanciones por no adecuar sus instalaciones a las normas de accesibilidad.
En tanto, la Municipalidad Provincial de Caylloma fue multada por no cumplir con la cuota de empleo. En contraste, la Municipalidad Provincial de Caravelí sí cumplió con la normativa y evitó sanciones.
PRESUPUESTO QUE NO LLEGA. La ley establece que los gobiernos regionales y locales deben destinar el 1 % de su presupuesto a políticas de discapacidad. Así, el 0.5 % es para ejecutar medidas de accesibilidad en infraestructura y edificios públicos. El otro 0.5 % se distribuye para programas, actividades y servicios en favor de las personas con discapacidad.
Sin embargo, la Contraloría General de la República advirtió en un informe de control emitido en julio de este año que el GRA no invirtió adecuadamente esos recursos en 2024, especialmente en el rubro de actividades y programas.
En la región se estima que hay 180 000 personas con discapacidad, pero no todas tienen acceso a los beneficios del Estado. Las multas reflejan la brecha entre la norma y la práctica en materia de inclusión.
Mientras las leyes buscan garantizar derechos laborales, accesibilidad e igualdad de oportunidades, la falta de voluntad política y de ejecución presupuestal deja a miles de personas con algún tipo de discapacidad sin acceso a entornos seguro y trabajo digno.
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