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Arequipa: se necesitan construir 110 mil viviendas

En estos momentos no hay casas de interés social y el GRA debe cerrar esta brecha. Se necesitan edificar 2000 al año

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DIARIO VIRAL

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En Arequipa se necesitan construir 110 000 viviendas para cerrar su brecha habitacional, según estimaciones de la Gerencia Regional de Vivienda. Esta demanda creciente es impulsada por factores como el crecimiento poblacional, la migración interna y las invasiones que restan áreas para construir formalmente. 
“Necesitamos construir al menos 2000 viviendas por año para atender la demanda”, advierte el gerente regional de Vivienda, Jacinto Rosas.

Pese a la magnitud del problema, la oferta de viviendas de interés social (casas a costos accesibles), especialmente a través del programa estatal Techo Propio, es por el momento prácticamente inexistente en la región. Frente a este vacío, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) impulsa el Bono Canon y proyectos habitacionales en Cerro Colorado y El Pedregal. 

BONOS CON CANON. Entre las medidas más avanzadas figura el Bono Canon, un subsidio financiado con recursos del canon minero del GRA. Hasta la fecha, se han otorgado 1000 bonos por S/32 100 cada uno para contribuir en la construcción de módulos de vivienda para aquellas familias que tienen un terreno propio. 

Rosas destaca que Arequipa es la primera región en aplicar esta modalidad, al usar S/32 millones de sus recursos del canon, por lo que la iniciativa se está replicando en otras partes del país. Además, el Ministerio de Vivienda también ha otorgado otros 1000 bonos canon para la región y se prevé una nueva convocatoria en agosto.

Para acceder, las familias deben contar con una propiedad formalmente inscrita. Esta modalidad se asemeja a la de Techo Propio en construcción en sitio propio, pero con un alcance regional.

FUTURAS VIVIENDAS. También se plantea construir más de 2400 viviendas en Cerro Colorado y El Pedregal. Estos proyectos habitacionales están dirigidos a las familias que no tienen una casa y terreno propio. 

Para ello, el GRA venderá 11 hectáreas de terrenos estatales a dos desarrolladoras de vivienda con la condición de que edifiquen viviendas unifamiliares y multifamiliares a precios de interés social: entre S/103 000 y S/130 000.

El funcionario detalla que se han identificado 6 hectáreas libres en el sector del parque industrial de Río Seco. La intención es que se construyan 1400 viviendas. El otro proyecto de vivienda, denominado Nuevo Amanecer I, se ubica en El Pedregal y se plantea construir 1026 viviendas en 5 hectáreas. En ambos casos están en una fase de relevancia y tasación del terreno, por lo que Rosas espera que al siguiente año inicie su etapa de construcción. 

De concretarse estos proyectos, las familias podrían acceder a través de bonos del Estado como adquisición de vivienda nueva que otorga un bono no reembolsable de S/46 500. 

Paralelamente en los distritos de Yura y Cerro Colorado, la Gerencia Regional de Vivienda ha identificado otros 3300 metros cuadrados y 6500 metros cuadrados, respectivamente, para subastar los terrenos con el mismo propósito de construir vivienda de interés social. Para esta propuesta se podrán presentar desarrolladores de vivienda o personas naturales y jurídicas. 

FORMALIZACIÓN. La identificación de estos terrenos disponibles para la construcción de viviendas formales de interés social ha sido un reto. Rosas comenta que lamentablemente en la ciudad de Arequipa hay poco espacio para construir viviendas que atiendan esta demanda, debido a las invasiones y tráfico de lotes. Con la Procuraduría Regional se trabaja en la recuperación de terrenos del Estado ocupados ilegalmente, pero no hay suficientes recursos para cautelarlos y en muchos casos hay juicios de por medio. 

Según la Cámara Peruana de la Construcción, si no se prioriza la construcción de viviendas formales y accesibles, se seguirá alimentando el crecimiento desordenado y la informalidad. Hoy, 9 de cada 10 hectáreas añadidas a las ciudades peruanas en los últimos 20 años provienen de invasiones o lotizaciones informales, lo que compromete el acceso a servicios básicos y seguridad jurídica.

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