En Arequipa se estima que alrededor de 180 000 personas viven con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la vida cotidiana en la ciudad continúa llena de obstáculos: rampas mal diseñadas, veredas rotas, bermas ocupadas y un transporte público inaccesible son parte de una realidad que contrasta con lo que dictan las leyes y ordenanzas.
La Ley General de la Persona con Discapacidad establece que las ciudades deben garantizar accesibilidad universal. Incluso, Arequipa cuenta con una ordenanza regional que obliga a incluir accesos inclusivos en nuevos edificios, parques y vías. Pero en la práctica, gran parte de la infraestructura urbana aún no se adecúa a estas disposiciones a favor de las personas con discapacidad.
AVANCES LIMITADOS. Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2022-2042 (PMUS), en la ciudad apenas existen seis kilómetros de veredas con señalización podotáctil, pisos con relieve que ayudan a las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, están instaladas en algunas calles del centro histórico como San Juan de Dios, Bolívar-Sucre y Mercaderes. En la periferia hay tramos aislados de pisos pododáctiles en las avenidas como Aviación donde se instalaron paraderos del Sistema Integrado de Transportes (Cerro Colorado) o Las Américas (Hunter).
El informe también evidencia una carencia de señalización acústica con semáforos que indican el derecho al paso de forma sonora. Solo el distrito de Tiabaya cuenta con uno de estos equipos.
“Si bien los pisos pododáctiles cumplen una función de guía, no informan sobre accesos, destinos o lugares. Además, la información también debería comunicarse mediante braille, como en los nombres de calles u horarios de atención”, señala el diagnóstico del PMUS.
El problema no se limita a la señalización. Muchas veredas en la ciudad son angostas, sin rampas adecuadas y en mal estado, lo que convierte en un desafío el tránsito de personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida. Ejemplos claros están en las inmediaciones del mercado San Camilo o en las calles adoquinadas del centro histórico de la ciudad, cuya superficie irregular impide un desplazamiento seguro.
La subgerenta de Promoción Social y Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Alexandra Prado, admite que el Centro Histórico no está adaptado en su totalidad, debido a que cualquier intervención requiere autorización por su condición de patrimonio cultural. “Lamentablemente Arequipa tiene la condición especial del Centro Histórico. No se puede renovar y modificar, es una situación peculiar. Aunque mi área no maneja eso, lo que puedo hacer es evidenciar esta situación”, indicó.
DEFICIENCIAS EN MUNICIPALIDADES. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo detectó que 22 municipalidades provinciales y distritales supervisadas carecen de rampas accesibles en la totalidad de sus instalaciones. Y cuando existen, suelen presentar pendientes excesivas, falta de señalización o barandas incompletas. Un ejemplo crítico fue la Municipalidad Distrital de Miraflores, cuya rampa empinada y sin área de descanso dificulta el tránsito de adultos mayores, personas en sillas de ruedas y usuarios de bastones. Además, funciona una agencia Multired con gran afluencia de público vulnerable, la cual se ubica en el recorrido de la rampa de acceso a la municipalidad. En la municipalidad de Cerro Colorado los servicios higiénicos no son accesibles al carecer de barandas de seguridad.
La accesibilidad no es un favor, es un derecho. Mientras la ciudad siga construida de espaldas a las personas con discapacidad, Arequipa será una urbe que excluye a parte de su población.
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