La vulcanóloga e investigadora Luisa Macedo, actual subgerenta de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, recuerda que hace diez años fue agredida cuando alertó sobre el relleno de quebradas y la invasión de terrenos peligrosos en la parte alta del distrito de Cayma. Lejos de ser escuchada, la echaron lanzándole piedras.
Hoy, una década después, el problema no solo persiste, sino que se ha agravado. Se estima que más de 300 mil personas viven en áreas cercanas al cráter del volcán Misti, reclamando un supuesto derecho a vivienda, pese a los evidentes riesgos geológicos y volcánicos ante la pasividad de las autoridades.
No solo son más vulnerables ante una eventual erupción del Misti. Del macizo también nacen las quebradas que se ramifican en la ciudad por donde descenderían lahares y huaicos debido a las lluvias intensas. Por ello, Macedo cuestiona que, ante cada emergencia, a los invasores que ocuparon quebradas y torrenteras se les presenta como víctimas cuando resultan perjudicados por inundaciones.
“Si construyen su casa en plena quebrada sí o sí se van a inundar y luego se victimizan y ustedes (medios de comunicación) ayudan con ello. El responsable es quien construye”, sostuvo, al reflexionar que solo se dejará de contar víctimas y cuantificar daños cuando se impida de manera efectiva la ocupación de zonas peligrosas.
Pese a las advertencias técnicas y a la emisión de ordenanzas municipales que prohíben las ocupaciones en áreas cercanas al volcán, en distritos como Alto Selva Alegre, estas normas fueron ignoradas. Según Macedo, algunas autoridades distritales facilitaron maquinaria para la accesibilidad y luego promovieron progresivamente el acceso a servicios básicos por presión social, legitimando asentamientos ilegales.
CLIENTELISMO POLÍTICO. El exdecano del Colegio de Arquitectos de Arequipa, Juan Melgar, señaló que las ocupaciones ilegales en zonas de riesgo continúan y, con el tiempo, se convierten en un problema social que termina siendo asumido por el Estado.
“Luego la gente reclama servicios y se destinan recursos públicos para atender una situación que nunca debió permitirse. Seguramente, para las siguientes elecciones, se prometerá que el riesgo puede mitigarse, como parte de un claro clientelismo político”, advirtió.
Para Melgar, además de los invasores, existe una responsabilidad directa de las autoridades provinciales y distritales que no ponen freno a estas ocupaciones. Consideró urgente que los municipios cuenten con un catastro actualizado que permita identificar cuántas viviendas existen, cuántas están ocupadas y proyectar de manera real la necesidad de vivienda, evitando la especulación del suelo.
Ambos especialistas coinciden en que mientras no se respeten las normas urbanas y de gestión de riesgos, y las autoridades continúen actuando con permisividad, el país seguirá creciendo en informalidad.
