El plan de reestructuración de Petroperú entró en un nuevo capítulo tras el cuestionamiento legal al Decreto de Urgencia 010-2025, norma que impulsaba una reconversión y reducción de personal en la estatal petrolera. Según reveló el directorio, la consultora Vinatea & Toyama concluyó que varias disposiciones del decreto serían “inconstitucionales e inaplicables”, lo que encendió las alertas sobre posibles responsabilidades penales para los directivos. Durante la sesión del 12 de febrero, la gerente general Rita López advirtió que ejecutar despidos masivos podría generar “riesgos legales y procesales” para la empresa y sus autoridades.
Ante este escenario, la presidenta del directorio, Elba Rojas Álvarez, y los demás miembros respaldaron una salida alternativa: implementar un programa de desvinculación voluntaria para trabajadores mayores de 65 años y no cubrir vacantes generadas por retiros previos. Además, se aprobó una reorganización interna que fusiona y elimina gerencias, reduciendo la dotación a cerca de 1.700 trabajadores. El área de Oleoducto pasará a depender de la Gerencia Comercial y operará desde Lima, marcando un giro operativo clave en la estructura de la petrolera estatal.
El debate sobre la privatización parcial de Petroperú también enfrenta obstáculos. ProInversión reconoció que la empresa no está en quiebra, pero sí atraviesa una “grave crisis de capital de trabajo”. La división en bloques patrimoniales estaría en evaluación debido a las deudas con bonistas internacionales, que tendrían prioridad en caso de venta. El plan preliminar priorizaría activos upstream como lotes petroleros, mientras que la Refinería de Talara quedaría sujeta a análisis posteriores, en medio de restricciones legales como las leyes 30130 y 28244.
La decisión de cumplir parcialmente el DU fue reportada ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y comenzará a ejecutarse en los próximos días, aunque se anticipan presiones desde el Ministerio de Economía y Finanzas para un recorte más agresivo. En paralelo, sindicatos históricos preparan protestas ante la eliminación de plazas tradicionales. La crisis de Petroperú, en pleno debate sobre privatización y sostenibilidad energética en Perú, podría reconfigurar el futuro de la principal empresa estatal de hidrocarburos.
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