Escribe : Noelia Zelada Yauri
Familiares y amigos de Edgar Pinto Quintanilla y Fernando Talavera Soto, quienes murieron en la plaza de Armas durante el estallido social del Arequipazo en 2002, producto de la represión policial y la lluvia de bombas lacrimógenas, piden justicia porque el caso quedó impune, nunca se sancionó a nadie, ni hubo indemnizaciones.
“Se hizo un peritaje acerca de los impactos de bomba lacrimógena que hubo en ambos casos y se demostró que fueron los policías los que cometieron la falta con el tipo de armamento que utilizaban. Pero la investigación no se concretó y no se sabe quién fue el culpable directo de los disparos”, explicó el hermano de Edgard, el señor Cristian Pinto.
Tras la muerte de ambos jóvenes, sus familiares abrieron un proceso judicial para dar justicia a los difuntos. El juicio duró cerca de 8 años; no obstante el caso quedó archivado y nunca se identificaron a los responsables.
La madre de Edgard Pinto, la señora María Quintanilla, quien llegó hasta la Corte Americana de Estados Unidos sin obtener justicia, cuestiona por qué ante este tipo de sucesos hay mucha impunidad en el Perú.
“Realmente pedimos que siempre haya este recordatorio de lo que pasó en el 2002, han pasado 22 años y no ha habido justicia”, lamenta.
El pedido de la familia fue tras el izamiento de la Bandera el domingo 16 de junio en la plaza de Armas de la Ciudad Blanca.
¿Qué sucedió durante la gesta del 2002?
La protesta masiva fue contra el gobierno de Alejandro Toledo, quien quiso imponer la venta de la empresa regional Egasa, pese a que públicamente firmó una carta en la FDTA donde prometía no continuar con el proceso de privatizaciones. Tras la rebelión del pueblo arequipeño, que dejó un saldo de dos muertos y varios heridos, se suspendió la venta de la empresa eléctrica.
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