Maritza G. Márquez N., trabajadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fue sentenciada a seis años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación para ejercer la función pública, tras acreditarse su responsabilidad en el intento de ingreso indebido de accesorios de comunicación al penal de mujeres de Arequipa.
Durante el juicio oral, la Fiscalía demostró que la acusada trató de introducir cargadores, cables USB y audífonos, elementos que podían facilitar comunicaciones no autorizadas dentro del penal, generando un riesgo concreto para la seguridad y el control penitenciario.
El fiscal adjunto al provincial Jersson Luis Neyra Morales resaltó la gravedad de los hechos y la especial reprochabilidad de la conducta de una servidora pública, logrando que la sanción incluyera prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La decisión judicial reviste especial relevancia al disponer, además de la pena efectiva, la inhabilitación de la sentenciada, medida que la aparta del ejercicio de la función pública. Este aspecto resulta particularmente significativo en casos donde se vulneran deberes funcionales esenciales y se afecta la confianza depositada en los servidores del sistema penitenciario. Cabe precisar que los hechos también dieron lugar a acciones en la vía administrativa disciplinaria, lo que refuerza la gravedad de la conducta sancionada.
