La crisis en la infraestructura educativa de Arequipa vuelve a ponerse en evidencia. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata dispuso abrir investigación preliminar contra el gobernador regional, Rohel Sánchez, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en agravio del colegio N.º 40010 Julio C. Tello, ubicada en el distrito de Paucarpata.
La disposición fiscal n.º 01-2025-2FPPC-PAUCARPATA-2DI, emitida el 20 de enero de 2026, establece un plazo de 40 días hábiles para que la Policía realice diligencias preliminares por los presuntos delitos de omisión ilegal de acto de su cargo y exposición de personas al peligro.
En ese marco, se ha dispuesto citar al gobernador regional para que brinde su declaración, así como al gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, al director del plantel y a otros funcionarios vinculados al caso. También se ordenó recabar el expediente técnico y diversa documentación relacionada con la situación del colegio.
INFRAESTRUCTURA EN RIESGO. El caso tiene antecedentes que se remontan al año 2009, cuando el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) emitió una resolución que ordenaba la demolición de siete aulas del pabellón de primaria debido a la antigüedad y deterioro de la infraestructura. Sin embargo, más de 15 años después, la medida no se ejecuta.
Actualmente, el pabellón presenta un evidente desgaste estructural en vigas y columnas. Según denunció la comunidad educativa, incluso un televisor y su rack sostienen parte del techo de uno de los salones, reflejando la precariedad de infraestructura.
INFORMES TÉCNICOS ALERTARON PELIGRO. La investigación fiscal se sustenta en informes técnicos que advierten un alto riesgo estructural. En mayo de 2025 se declaró que las aulas estaban inhabilitadas. Posteriormente, en septiembre del mismo año, la UGEL Arequipa Sur emitió un informe señalando que el pabellón – que actualmente está clausurado– podría colapsar en cualquier momento.
Pese a estas advertencias, no se habrían adoptado medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.
La Fiscalía busca determinar si el gobernador regional, en su calidad de máxima autoridad administrativa y responsable de la gestión del riesgo conforme a la Ley N.º 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tenía conocimiento formal de la situación y si contaba con competencias y recursos para adoptar acciones que evitaran la exposición al peligro.
Concluido el plazo de 40 días hábiles, la fiscal a cargo contará con 20 días adicionales para evaluar los elementos recabados y decidir si formaliza investigación preparatoria, continúa reuniendo pruebas o archiva el caso.
UNA PROMESA INCUMPLIDA. En agosto de 2025, tras una inspección de la Fiscalía de Prevención del Delito, el GRA se comprometió a demoler los ambientes deteriorados. Sin embargo, hasta la fecha el compromiso no se ha concretado, manteniéndose el riesgo para los 417 estudiantes matriculados.
“Lo que falta es voluntad política”, sostuvo el director del plantel, Gino García, quien advirtió que un eventual colapso podría generar una onda expansiva de grave daño.
Explicó que el año pasado, con recursos de la Apafa, se elaboró una ficha técnica de mantenimiento por recomendación del GRA. No obstante, el documento fue rechazado el 8 de agosto bajo el argumento de que no había disponibilidad de presupuesto para la demolición.
Tras presentar un recurso de reconsideración el 26 de agosto, el 22 de septiembre se emitió una nueva respuesta indicando que no correspondía una ficha de mantenimiento, sino un proyecto de inversión. En pocas palabras, el gobierno regional “paseó” al docente y padres de familia que seguirán esperando resguardar la seguridad de los estudiantes que volverán a clases desde este 16 de marzo.
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