Tras el anuncio del Gobierno que autoriza el inicio de las operaciones de Tía María, los agricultores del Valle de Tambo confirmaron que interpondrán una medida cautelar ante el Poder Judicial para detener los efectos jurídicos de la resolución que dio luz verde a la minera Southern Copper Corporation. La decisión, respaldada por organizaciones civiles, busca impedir que se avance con la explotación sin resolver observaciones técnicas y sociales.
El dirigente Miguel Meza calificó la decisión del Ejecutivo como una imposición y recordó que la población expresó su rechazo al proyecto desde 2009. “¿Cómo le otorgan esta resolución ministerial a Southern? Su estudio de Impacto Ambiental está caduco, no tiene la servidumbre y no cuenta con autorización de uso de agua. Recordemos que, su primer EIA era un mamarracho y respecto a su segundo estudio, dijeron que iban a sacar agua del mar. Hace días estuve conversando con la alcaldesa de Mejía y me informó que no hay trámite ante la municipalidad o Dicapi”, manifestó el dirigente.
Meza añadió que ningún representante del gobierno se ha acercado a dialogar con los pobladores, pese a reiteradas invitaciones cursadas en los últimos años. Adelantó que en los próximos días se convocará una asamblea popular para definir nuevas acciones y fortalecer el Comando de Lucha del Valle de Tambo, que coordina movilizaciones y alianzas con otras organizaciones sociales.
Por su parte, David Velazco, director ejecutivo de Fedepaz, confirmó que ya existe una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y la empresa minera por la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental.
“Estamos cuestionando la vigencia del EIA a través de la demanda de amparo que hemos presentado ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima. Este jueves, vamos a plantear una medida cautelar, de manera preventiva, y esperamos que el Poder Judicial suspenda los efectos de esta resolución directoral que autoriza las actividades de explotación hasta que se resuelva el pedido principal que tiene que ver con la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental”, indicó Velazco.
En tanto, Rodrigo Lauracio, abogado de la Red Muqui, precisó que los pobladores agotaron las vías administrativas antes de recurrir al Poder Judicial.
“Senace han sostenido que los pobladores no tenían un interés legítimo para intervenir en este procedimiento de evaluación de la caducidad del EIA. Esto claramente es una negativa y por lo tanto, la vía que correspondía era judicializar el caso a través de una demanda de amparo. Una vez llevada la audiencia el 18 de diciembre, el juez tiene el plazo de 10 días para emitir una decisión. Para los primeros días del 2026, deberíamos tener una sentencia, que consideramos debería ser favorable porque tenemos los medios probatorios para acreditar que el EIA ha perdido vigencia”, subrayó.
Finalmente, Meza respondió a las declaraciones del CEO de Southern Perú, Raúl Jacob, quien anunció que la construcción de la mina culminará en 2027 y destacó sus beneficios económicos. “En el Valle de Tambo, el jornal de trabajo es de S/110 y S/120 y falta personal para trabajar la chacra. En su propio EIA, señalan que generan 700 empleos directos, de las cuales, el 90% es para mano calificada y el 10% que no tienen una carrera. Resulta que las políticas mineras buscan ensalzar las bondades económicas a costa de la agricultura y el ambiente sostenible”, sentenció el dirigente.
La tensión vuelve a encenderse en el sur peruano, donde los agricultores sostienen que el agua y la tierra no se negocian, mientras el gobierno y la empresa minera mantienen su apuesta por el desarrollo del proyecto Tía María, símbolo de un conflicto que sigue sin encontrar consenso.
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