La Contraloría General de la República detectó alarmantes condiciones de trabajo durante un operativo preventivo en 466 comisarías del país, donde más de 700 auditores evaluaron infraestructura, equipamiento y capacidad operativa. Los hallazgos muestran un panorama crítico: baños inoperativos, techos con filtraciones, ambientes hacinados, falta de mobiliario y chalecos antibalas con hasta 28 años de antigüedad. “Los resultados comprometen la capacidad operativa de la Policía Nacional”, advirtió Luis Castillo, gerente de control político institucional y económico de la Contraloría.
Las deficiencias no solo afectan la seguridad, sino también la atención al ciudadano. En varias comisarías, los radios de comunicación no cuentan con baterías adicionales, por lo que los efectivos deben retornar a sus bases para cambiarlas, interrumpiendo patrullajes. Peor aún, el informe preliminar revela que muchos policías están comprando de su propio bolsillo computadoras, impresoras, sillas e incluso chalecos antibalas, lo que además pone en riesgo la seguridad de la información. “Esta situación es insostenible”, remarcó Castillo, quien señaló que el control simultáneo busca evitar que estas fallas se agraven.
El problema contrasta con el nivel de gasto del Ministerio del Interior: solo se ha ejecutado el 52 % del presupuesto anual, dejando casi la mitad sin usar. La Contraloría ha solicitado medidas correctivas inmediatas.
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