El Tribunal Constitucional (TC) declaró constitucional la Ley 31751, conocida como la ‘Ley Soto’, al rechazar la demanda presentada por el Colegio de Abogados de Loreto.
Con seis votos a favor y uno en contra, el máximo intérprete de la Carta Magna respaldó la norma que fija en un año el plazo de suspensión de la prescripción en procesos penales.
En su fallo, el TC sostuvo que la ley “no solo no es inconstitucional, sino que es necesaria”, pues establece un parámetro claro para el cómputo de la suspensión y garantiza el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
La denominada ‘Ley Soto’ fue cuestionada por facilitar que los delitos prescriban en menos tiempo, beneficiando a investigados.
Antes de su vigencia, la suspensión de la prescripción equivalía a la pena máxima del delito más una mitad, criterio fijado por la Corte Suprema ante un vacío legal.
Por ejemplo, en el delito de estafa, cuya pena máxima es de seis años, la prescripción podía extenderse hasta 18 años; ahora, con la Ley 31751, el plazo se reduce a 10 años. Esta modificación permitió que procesos contra el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el expresidente Martín Vizcarra fueran archivados por el Poder Judicial.
El debate aumentó cuando la Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario 5-2023/CIJ-112, calificó la norma inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional respondió que el Poder Judicial no tiene competencia para realizar un control abstracto de constitucionalidad.
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